Jorge Macri presentó una reforma del Código Contravencional: más multas, nuevas infracciones y sanciones agravadas por reincidencia.

5 DE OCTUBRE 2026.

La iniciativa del Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires plantea modificar las normas que regulan las faltas contravencionales, elevar los castigos económicos y ampliar las conductas sancionables. También propone un régimen específico para adolescentes de entre 14 y 17 años y un mecanismo para incrementar las penas ante la repetición de infracciones.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires remitió a la Legislatura un proyecto destinado a modificar de manera integral el Código Contravencional, establecido por la Ley 1.472, y la Ley de Procedimiento Contravencional, identificada como Ley 12.

La propuesta, impulsada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, contempla una revisión de las sanciones vigentes, con incrementos en las multas económicas, los períodos de arresto y las jornadas de trabajo comunitario. Asimismo, incorpora nuevas figuras contravencionales y establece criterios más estrictos para quienes acumulen infracciones.

El texto deberá ser evaluado por los legisladores antes de que pueda convertirse en una reforma efectiva. Entre los principales aspectos abordados se encuentran las normas de convivencia ciudadana, la utilización de los espacios públicos, las maniobras fraudulentas mediante herramientas digitales, las actividades desarrolladas en concentraciones multitudinarias y otras conductas que la administración local considera perjudiciales para la seguridad y el orden urbano.

Nuevas infracciones y controles sobre el espacio público

Entre las modificaciones propuestas figura la incorporación de sanciones para el hostigamiento y el seguimiento persistente de personas en la vía pública. También se busca penalizar la obtención fraudulenta de información confidencial mediante engaños informáticos, como contraseñas, códigos de verificación y tokens, junto con la comercialización indebida de datos personales.

El proyecto incluye, además, medidas contra la organización de operaciones comerciales informales de gran magnitud en calles y otros espacios públicos.

Otras conductas que quedarían comprendidas en el nuevo esquema son la tenencia o distribución de equipos destinados a bloquear señales, la alteración fraudulenta de sistemas de pago o transporte, la suplantación de identidad de funcionarios y la manipulación o interrupción del funcionamiento de cámaras de vigilancia.

La iniciativa busca ampliar las herramientas de intervención de las autoridades frente a situaciones que, según los fundamentos del Ejecutivo, afectan la seguridad y el normal desarrollo de las actividades cotidianas.

Aumentos en las multas y los períodos de arresto

Uno de los componentes centrales de la reforma es la actualización de los castigos económicos. El proyecto utiliza la Unidad Fija (UF) como referencia para calcular las multas. Según los valores consignados en el texto original, cada unidad equivale a $1.173,08, aunque ese importe debe verificarse para determinar su vigencia al momento de aplicar las sanciones.

En materia de contaminación sonora, la propuesta prevé ampliar las tareas comunitarias de un período actual de entre uno y cinco días a otro de entre tres y quince jornadas. El límite máximo de la multa pasaría de 100 a 600 UF, mientras que también se habilitaría la posibilidad de imponer hasta diez días de arresto.

Para quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol, el esquema proyectado eleva las multas de un rango de entre 300 y 2.000 UF a otro que oscila entre 1.000 y 6.000 unidades. De acuerdo con el valor de referencia citado, el máximo superaría los siete millones de pesos. A su vez, el arresto podría extenderse hasta 30 días y la prohibición de conducir alcanzaría un máximo de cuatro años, frente a los dos años contemplados anteriormente.

Las actividades comerciales realizadas sin autorización en espacios públicos también quedarían sujetas a sanciones más elevadas. En estos casos, el proyecto establece multas que podrían alcanzar las 50.000 UF, una cifra equivalente a aproximadamente $58,6 millones tomando como referencia el importe mencionado.

Castigos para quienes promuevan disturbios o dañen cámaras

La reforma incorpora disposiciones dirigidas a quienes financien de manera reiterada la comisión de contravenciones o respalden a grupos involucrados en esas conductas.

También se prevén sanciones para las personas que transporten o distribuyan elementos que puedan utilizarse para provocar disturbios. Según los montos indicados en la iniciativa, las multas podrían alcanzar aproximadamente $9,38 millones, acompañadas de hasta 45 días de arresto y del decomiso de los objetos involucrados.

En cuanto a los sistemas públicos de videovigilancia, quienes destruyan, deterioren o interfieran con su funcionamiento podrían afrontar multas de hasta $4,69 millones o arrestos de hasta 30 días. Además, se contempla la obligación de hacerse cargo de la reparación del equipamiento afectado.

Estas disposiciones buscan establecer consecuencias económicas y personales más severas para las conductas que comprometan la infraestructura de seguridad y los dispositivos de control urbano.

Un esquema más estricto para los reincidentes

Otro punto relevante de la iniciativa es la modificación de los criterios para determinar la reincidencia. El nuevo enfoque no se limitaría a quienes repitan exactamente la misma infracción, sino que también alcanzaría a las personas que reiteren comportamientos contravencionales de características semejantes en el espacio público.

Para instrumentar el sistema, el Ejecutivo propone crear un Registro de Reincidentes en Contravenciones en el Espacio Público, destinado a identificar la reiteración de estas conductas.

El proyecto establece una escala progresiva de agravamiento de las penas: un incremento del 50% ante la primera reincidencia, del 66,6% en la segunda y del 100% en la tercera. También plantea limitar la posibilidad de cumplir arrestos en el domicilio, excepto en situaciones especiales que cuenten con una justificación suficiente.

Como ejemplo de aplicación, el texto menciona a los cuidacoches informales que exigen dinero bajo amenazas o presiones para permitir que otros conductores estacionen. En estos supuestos, la pena de arresto podría aumentar de 60 a 90 días cuando se configure la reincidencia, según los parámetros detallados en la propuesta.

Responsabilidad contravencional para adolescentes

La reforma también incorpora un apartado específico para jóvenes de entre 14 y 17 años, en relación con el marco nacional de Justicia Penal Juvenil al que hace referencia el proyecto.

La iniciativa propone establecer responsabilidad contravencional a partir de los 14 años, aunque con reglas diferentes de las previstas para las personas adultas. El régimen planteado contempla que los adolescentes no sean detenidos y que dispongan de asistencia jurídica especializada durante el procedimiento.

En lugar de aplicar automáticamente las mismas respuestas previstas para los mayores, se establecen medidas adaptadas a la edad y a las circunstancias particulares de cada caso. Entre ellas se encuentran las advertencias formales, el acompañamiento de profesionales de distintas disciplinas, la incorporación a programas educativos y las acciones destinadas a evitar la interrupción de los estudios.

También se prevén instancias de formación para el trabajo cuando resulten pertinentes, mecanismos de reparación del perjuicio ocasionado y actividades comunitarias adecuadas a las condiciones de cada adolescente.

La finalidad declarada de este apartado es combinar la asunción de responsabilidades con la educación y la integración social, teniendo en cuenta las necesidades y los derechos de los jóvenes involucrados.

Cambios en las alternativas a las sanciones tradicionales

El proyecto introduce modificaciones adicionales para las personas adultas sometidas a procesos contravencionales. Entre ellas, propone suprimir la condena de ejecución condicional y eliminar la suspensión del proceso a prueba como alternativa para los mayores de edad.

Para los adolescentes, en cambio, se mantendría la posibilidad de acceder a la probation, sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones. Estas podrían incluir reglas de conducta, reparación del daño causado y continuidad de la trayectoria educativa.

Por otra parte, el plazo general de prescripción de las acciones contravencionales continuaría establecido en dos años, sin modificaciones en ese aspecto.

La propuesta comienza su recorrido parlamentario

El proyecto presentado por la administración de Jorge Macri deberá atravesar el debate legislativo antes de que sus disposiciones puedan incorporarse al marco normativo de la Ciudad.

La iniciativa plantea una revisión extensa del sistema contravencional porteño, con modificaciones en los montos de las multas, la duración de los arrestos, las conductas alcanzadas por la normativa y los criterios para incrementar las sanciones ante infracciones reiteradas.

El tratamiento en la Legislatura permitirá discutir el alcance de los cambios, sus mecanismos de aplicación y las condiciones bajo las cuales se implementaría el régimen diferenciado para adolescentes. Hasta que concluya ese proceso, las medidas incluidas en el proyecto constituyen propuestas del Poder Ejecutivo y no deben confundirse con disposiciones ya aprobadas y vigentes.