PyMEs de la Ciudad: una iniciativa legislativa busca simplificar trámites y facilitar la actividad comercial.

1 DE OCTUBRE 2026.

Una propuesta presentada en la Legislatura de Buenos Aires apunta a integrar gestiones administrativas, ordenar la información fiscal y agilizar el acceso a herramientas de asistencia económica para las pequeñas y medianas empresas. La iniciativa se presenta en un contexto de caída del consumo y dificultades financieras para el sector productivo.

Las micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollan sus actividades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires enfrentan un panorama complejo. A los efectos de la retracción del consumo en el conjunto del país se suman las dificultades que genera la multiplicidad de procedimientos administrativos y obligaciones tributarias que deben afrontar los establecimientos comerciales.

Frente a esta situación, se presentó ante la Legislatura porteña un proyecto de ley destinado a poner en marcha la denominada Plataforma Integral PyME. El objetivo central de la propuesta consiste en reunir en un mismo entorno digital distintas gestiones que actualmente se encuentran distribuidas entre diversas áreas del Gobierno de la Ciudad.

La iniciativa, registrada bajo el expediente 3039-D-2026, fue promovida por el legislador Francisco Caporiccio, en conjunto con Matías Lammens y Claudia Neira. Entre sus principales metas figuran la digitalización de los procedimientos, la disminución de los plazos necesarios para obtener autorizaciones y la centralización de la información relacionada con créditos, ayudas económicas y programas de incentivo a la producción.

Un sistema integrado para evitar trámites repetidos

Uno de los aspectos centrales del proyecto es la aplicación del criterio de presentación única de documentación. La disposición busca impedir que las dependencias públicas soliciten reiteradamente a una empresa papeles o antecedentes que ya fueron entregados previamente ante otro organismo estatal.

Para concretar esta modalidad, el texto propone establecer dos bases de información digital vinculadas entre sí:

• Registro Administrativo Unificado para PyMEs: permitirá reunir en un solo expediente los permisos, las habilitaciones comerciales, las certificaciones, las actuaciones administrativas y los antecedentes de las inspecciones.
• Registro Fiscal y Tributario PyME: agrupará datos sobre obligaciones impositivas, fechas de vencimiento, saldos pendientes, planes de pago y regímenes de regularización. Su funcionamiento contempla la conexión con la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP).

La propuesta busca reducir la dispersión de datos y evitar que los comerciantes deban repetir gestiones ante diferentes oficinas para mantener actualizada la documentación de sus negocios.

En los fundamentos de la iniciativa también aparece el debate sobre el grado de modernización alcanzado por la administración porteña. Aunque las sucesivas gestiones del PRO en la Ciudad promovieron la eficiencia estatal y la incorporación de herramientas tecnológicas, el proyecto pone el foco en las dificultades que todavía pueden encontrar las empresas al momento de completar procedimientos ante distintas dependencias.

Desde esa perspectiva, la iniciativa plantea que la transformación digital debe traducirse en una reducción concreta de las exigencias administrativas y no limitarse a trasladar formularios y expedientes al ámbito electrónico.

Plazos de aplicación y mecanismos de seguimiento

El proyecto establece un calendario progresivo para que el Ministerio de Desarrollo Económico adapte sus procedimientos al nuevo esquema. Los tiempos previstos se distribuyen de la siguiente manera:

• Hasta seis meses: adecuación de las gestiones consideradas de menor complejidad.
• Hasta doce meses: incorporación de autorizaciones comerciales y procedimientos vinculados con las inspecciones.
• Hasta veinticuatro meses: integración de los sistemas relacionados con la administración fiscal y tributaria.

Además, la iniciativa contempla la difusión de informes cada tres meses con información sobre los expedientes iniciados, los tiempos de resolución y las razones que justifiquen excepciones al régimen general. La finalidad es permitir un seguimiento periódico de la implementación y evaluar el funcionamiento de las nuevas herramientas.

Otro punto previsto es la coordinación con plataformas nacionales, entre ellas Trámites a Distancia (TAD) y el Legajo Único Financiero y Económico (LUFE). Esta articulación permitiría conectar procedimientos de distintas jurisdicciones y facilitar el intercambio de información relevante para las empresas.

Financiamiento y presión tributaria, dos desafíos para el sector

Las dificultades para acceder a préstamos en condiciones favorables y el peso de las obligaciones impositivas constituyen factores que condicionan la operatoria de numerosas PyMEs. En un escenario de menor actividad comercial, la disponibilidad de capital de trabajo adquiere especial importancia para sostener los gastos corrientes, cumplir con los compromisos asumidos y mantener los puestos laborales.

En ese marco, el proyecto propone avanzar sobre uno de los aspectos de la relación entre el Estado y el entramado empresarial: la simplificación de los procedimientos que deben cumplir los establecimientos para operar formalmente y acceder a programas de apoyo.

Sin embargo, la unificación de trámites representa solo una parte de los desafíos que enfrenta el sector. La evolución del consumo, el costo del financiamiento, las obligaciones fiscales y las condiciones generales de la economía también inciden en la continuidad de los negocios.

La discusión legislativa sobre la Plataforma Integral PyME abre así una instancia para debatir cómo mejorar la gestión pública y reducir las dificultades administrativas que afectan a las unidades productivas. Su eventual implementación y los resultados que alcance serán aspectos centrales para determinar en qué medida la propuesta puede contribuir a mejorar las condiciones de funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas porteñas.