El Poder Judicial detuvo la licitación que compara a individuos sin hogar y recolectores con desechos.
7 DE MAYO 2023
El tribunal capitalino ha puesto en pausa, de forma temporal, la licitación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que contemplaba a individuos en situación de calle y a recolectores en un listado para el análisis de la limpieza de las calles de la ciudad. Esto sucedió a raíz de un recurso de amparo introducido por entidades del ámbito, las cuales alegaron un «comportamiento injustamente sesgado», que, en su perspectiva, equivaldría al despliegue del «servicio de análisis» con el que la Secretaría de Espacio Público e Higiene Urbana intenta mantener la «estética de una Ciudad Limpia». Con el veredicto inicial, se inicia una etapa en la cual el Poder Judicial tendrá que decidir si anula la medida de manera definitiva o si aprueba al GCBA para llevar adelante la licitación, cuyo valor excede los 1500 millones de pesos.
El decreto provisional fue establecido por la magistrada Patricia López Vergara, quien actúa en remplazo en el Juzgado N°2 de asuntos Contenciosos, Administrativos y Tributarios. En su dictamen, la jueza avaló temporalmente a las asociaciones al observar, entre diversos puntos, que la «elección de palabras y la construcción gramatical» adoptada por la Secretaría en las bases de la licitación «podrían establecer categorías propensas a la discriminación». La magistrada puso énfasis en el apartado 3.2 de las bases, donde se listan los eventos a considerar relacionados con las “circunstancias que afectan la limpieza urbana en las calzadas”.
Desde el punto de vista de López Vergara, la formulación de las bases «insinuaría que las empresas ganadoras tendrán que evaluar lugares y determinar si la presencia de algunos individuos dañaría la limpieza, sanidad y apariencia, de la misma manera que lo haría un saco de desechos, un vehículo desatendido o un dibujo no autorizado en un muro». A lo largo de su dictamen de 23 páginas, la magistrada utiliza el modo potencial. Proporciona a la Secretaría el beneficio de la duda dándole un intervalo de cinco días a partir del veredicto para que explique los motivos de la licitación y suministre «toda la documentación administrativa que generó el proceso de licitación».
«El veredicto señala que existe un asunto a sondear. Existe un grupo de entidades que respaldan a los recolectores y a los individuos en situación de calle que estamos señalando que esa licitación propone un sesgo claro hacia el colectivo. Por ende, esto requiere que el Poder Judicial explore si es cierto o no, y que, en ese escenario, determine si la licitación es pertinente o no», comentó a CONTACTOCOM Alicia Montoya, de la Cooperativa El Álamo y vocera de la Federación Argentina de Recolectores, Transportistas y Recicladores. Dicha Federación fue la responsable de introducir el recurso de protección inicial, en alianza con la entidad Proyecto 7, que colabora con personas en situación de calle, y con la ONG Isauro Arancibia.
Dentro de las bases de la licitación, se señala que los inspectores deberán analizar, ante todo, el «nivel de limpieza de las calles» con el objetivo de identificar factores «que puedan originar contaminación visual». Las bases mencionan componentes como desechos hogareños, sobras de poda o construcciones. Un detalle adicional, no obstante, hace referencia a «campamentos improvisados de personas sin hogar». Esta sección se define de la siguiente manera: «Inspección visual de la presencia de individuos o grupos de estos que habitan de manera temporal o permanente en espacios públicos». Los recolectores urbanos están considerados en el listado, refiriéndose a ellos como «recuperadores». Las bases finalizan indicando que el inspector debe documentar cualquier factor que «deteriore la estética de una Ciudad Limpia y la limpieza en las calles».
«Están insinuando que somos comparables a un cúmulo de desechos. Lo que desluce a la Ciudad es la política gubernamental que, a pesar del número de viviendas desocupadas, no logra proporcionar un hogar para una madre o un anciano», expresó Montoya. En el recurso de protección grupal, las entidades pidieron la cancelación de la licitación por dos razones. Primero, argumentan que representa un «comportamiento desigual y sesgado». Segundo, alegan que el servicio de conservación de la limpieza urbana ya está asegurado, por lo que destinar más de 1500 millones de pesos a otras compañías sería «un desembolso redundante de fondos estatales». La licitación ya había sido otorgada previamente a dos compañías, sin embargo, la magistrada decidió pausar dicho proceso de manera temporal.
Al ser cuestionadas por CONTACTOCOM, fuentes del Ministerio confirmaron al medio que ya atendieron el aviso de la medida preventiva y que el próximo viernes suministrarán la información solicitada para proseguir con el proceso judicial. Acerca del propósito de la licitación, previamente habían indicado a este periódico que «el aspecto de la contaminación visual no aplica a personas en situación de calle» y que estos individuos no son considerados como «indicadores de limpieza». Además, afirmaron que «el proyecto tiene como fin optimizar la limpieza en áreas complicadas» y que los inspectores solamente «evalúan la circunstancia» y, si es necesario, lo reportan a Buenos Aires Presente.
Al divulgarse la licitación, el diputado del Frente de Todos, Matías Barroetaveña, introdujo una solicitud de información en la Legislatura y recientemente comentó a este medio que espera «que esta resolución del tribunal detenga de forma permanente esta polémica contratación; rara vez observamos una actuación gubernamental con un grado tan alto de discriminación hacia dos grupos tan desprotegidos». «Además, es desalentador que los recursos que se les niegan para vivir se destinen a este propósito, evidentemente esos 1520 millones son parte de un mecanismo de financiación opaco», enfatizó.
