Propuesta de multas a quienes extraigan residuos de contenedores genera polémica en Buenos Aires
30 DE OCTUBRE 2023
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presenta ante la Legislatura una propuesta que sancionará económicamente a individuos que retiren residuos de los contenedores públicos. Esta iniciativa ha provocado el rechazo de las cooperativas de recicladores urbanos.
El proyecto, presentado por Clara Muzzio, ministra de Espacio Público e Higiene Urbana, se propone actualizar las multas del actual Régimen de Faltas referente a infracciones medioambientales y urbanas en la ciudad, e introduce sanciones por «reparación verde».
Dentro de las propuestas, se busca penalizar a quienes saquen basura de contenedores fuera del horario establecido y a aquellos que no realicen una correcta separación de residuos. Las multas propuestas oscilan entre 14.446 y 144.660 pesos. Además, se pretende imponer multas de hasta 101.262 pesos a quienes manipulen estos contenedores en la vía pública.
Las sanciones podrían superar el millón de pesos si la infracción es realizada por «personas jurídicas», como organizaciones de recicladores urbanos, a quienes además se les confiscarían los materiales recolectados.
Durante una reunión de la Comisión de Justicia de la Legislatura, representantes de cooperativas de recicladores, como Amanecer de los Cartoneros, Madreselvas y El Álamo, expresaron su disconformidad. Francisco Dorbessan, de la Federación de Cartoneros y Cartoneras, criticó la propuesta, indicando que afecta a quienes dependen del reciclaje para subsistir. Lucía Jolías, de la cooperativa Madreselvas, solicitó la eliminación del polémico artículo y pidió diálogo con el Gobierno de la Ciudad para discutir la situación de los trabajadores informales del reciclado.
Diputadas opositoras respaldaron estos cuestionamientos y pidieron más tiempo de discusión. Por otro lado, desde Juntos por el Cambio, defendieron la propuesta, argumentando que busca promover el orden público.
Tras el debate, se contempla modificar el artículo polémico, sancionando únicamente a las «personas jurídicas» que manipulen contenedores, afectando así a recicladores formales y eximiendo a individuos independientes.
