Expropiación de Cromañón
2 DE DICIEMBRE 2023
El Gobierno nacional firmó el decreto reglamentario de la ley de expropiación del local que antes albergaba el boliche República Cromañón. A casi 19 años de la tragedia en la que perdieron la vida 194 personas y un año después de que el Congreso aprobara la ley, el presidente Alberto Fernández instruyó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para llevar a cabo la expropiación del inmueble que aún está bajo la responsabilidad de Rafael Levy, uno de los condenados por los hechos. La ley y el decreto prevén la creación de un espacio conmemorativo en el lugar, una solicitud histórica de los sobrevivientes y familiares de las víctimas.
El decreto, publicado en el Boletín Oficial (BO) de la Nación, lleva las firmas de Tristán Bauer, ministro de Cultura; Martín Soria, ministro de Justicia y Derechos Humanos; Agustín Rossi, jefe de Gabinete; y el presidente Alberto Fernández. Los diez artículos del decreto instruyen al Ministerio de Justicia para llevar a cabo la expropiación y «efectivizar el inmediato uso» de los inmuebles ubicados en Bartolomé Mitre al 3038/78 y Jean Jaures al 51, a solo una cuadra de la estación Once, en el barrio de Balvanera. Esta decisión se suma al reconocimiento otorgado a los inmuebles como Monumento Histórico Nacional a principios de noviembre.
La reglamentación destaca al sujeto expropiante, la autoridad de aplicación y las tareas específicas para concretar el uso de los inmuebles desde este momento. Silvia Bignami, integrante del Movimiento Cromañón y madre de una de las víctimas, expresó su satisfacción por la reglamentación, señalando que «queríamos que Levy se fuera del lugar y sin la reglamentación eso eran solo palabras». La firma del decreto llega después de más de un año desde que el Senado aprobó el proyecto de expropiación.
El artículo N°4 del decreto delega en la Secretaría de Derechos Humanos la creación de una comisión encargada de administrar el espacio dedicado a la memoria. Esta comisión, conformada por siete miembros, incluirá representantes de la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Cultura, y tres representantes de las familias y sobrevivientes. Las organizaciones criticaron el reparto de integrantes en la comisión, considerándolo desventajoso frente a los miembros del Estado que, a través de la presidencia, tendrán el derecho a la decisión final en caso de empate.
El artículo N°6 instruye al Tribunal de Tasaciones de la Nación para fijar el valor de la expropiación. Además, el decreto establece las facultades y atribuciones del Consejo de las Víctimas y Familiares, permitiéndoles participar en decisiones sobre los usos específicos del espacio, el plan de puesta en valor, los contenidos a exponer, y otras cuestiones relacionadas.
A pesar de la incertidumbre sobre la conformación de la comisión después del recambio presidencial, las organizaciones destacaron que la lucha continuará y que esta medida brinda cierta protección. Se hizo un llamado a la participación y apoyo en las actividades programadas para conmemorar el próximo 30 de diciembre, un mes significativo para las víctimas y sus familias.
