Comienzo del Cierre de los Centros de Acceso a la Justicia en la Ciudad de Buenos Aires
3 DE SEPTIEMBRE 2024
La Ciudad de Buenos Aires ha iniciado el cierre de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), afectando a los barrios que más los necesitan. Los primeros centros en ser cerrados son los ubicados en barrios populares como las villas 15, 20 y 21, el Barrio Ricciardelli (ex 1-11-14), los dos del Mugica (ex 31), Villa Soldati y Barrio Mitre. Esta decisión, anunciada por el Ministerio de Justicia liderado por Mariano Cúneo Libarona en junio, responde a una política de recortes y reorganización que ha generado gran preocupación y resistencia.
Contexto y Justificación del Cierre
El Ministerio de Justicia argumenta que los CAJ son «ineficientes» y «acumulaban empleados sin demostrar resultados». Según la Resolución 178/2024, que establece un «plan de ordenamiento y mejoramiento», la medida se basa en el «avance tecnológico» que permitiría acceder a servicios de manera digital, eliminando la necesidad de los centros presenciales. Este argumento ha sido criticado por diversos sectores, dado que los primeros centros cerrados están ubicados en áreas de alta vulnerabilidad.
Impacto en los Barrios y Trabajadores
El cierre de los CAJ en los barrios populares ha dejado a muchas personas sin acceso a servicios esenciales. Los centros ofrecían asistencia legal primaria gratuita, incluyendo orientación y seguimiento en casos de violencia de género, conflictos familiares, y cuestiones relacionadas con programas sociales y seguridad social. La repentina clausura ha dejado en el limbo a numerosos casos, con la interrupción de agendas de mediaciones y la pérdida de contacto con profesionales como psicólogos y trabajadores sociales.
Paola Pedroncini, delegada general de ATE del Ministerio de Justicia, ha advertido que esta medida representa el inicio de una «destrucción de las políticas públicas». Según Pedroncini, la decisión afecta más de 250 puestos laborales y representa una pérdida significativa en términos de acceso a justicia para las comunidades más necesitadas.
Reacciones y Medidas de Respuesta
Los trabajadores de los CAJ han recibido notificaciones de despido a través de correos electrónicos, y han sido instruidos para retirar sus pertenencias antes de que se proceda a desmantelar los centros. Muchos de estos trabajadores tienen una antigüedad considerable, habiendo estado empleados desde la creación de los CAJ en 2008.
El gremio ATE ha iniciado acciones para luchar por la reincorporación de los empleados afectados y por la reactivación de las políticas públicas relacionadas con el acceso a la justicia. Algunos trabajadores han sido reubicados en otros CAJ, en la Línea 137, y en la Dirección de Asistencia a la Víctima en la sede de Costanera Sur del ex edificio Tandanor, pero esto no resuelve el problema generalizado.
Proyecciones Futuras
Si la medida se extiende a nivel nacional, el cierre de 81 de los 111 CAJ en todo el país podría afectar a más de 250 trabajadores y desmantelar importantes recursos para las comunidades más vulnerables. Los CAJ recibieron más de 600,000 consultas entre 2020 y 2023, ofreciendo asistencia crucial en temas como documentación personal, programas sociales, y mediaciones comunitarias.
El conflicto en torno a los CAJ refleja una tensión entre la necesidad de modernización y eficiencia en la administración pública y el derecho de las personas en situación de vulnerabilidad a acceder a justicia y asistencia. La situación actual pone de manifiesto la importancia de encontrar un equilibrio que garantice el acceso a derechos fundamentales mientras se buscan formas más eficientes de prestación de servicios.
