Cuestionamientos de los gremios docentes al protocolo que establece denuncias contra estudiantes en CABA.
Una nueva normativa del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires generó críticas entre distintos sindicatos docentes. La disposición establece pautas para que los equipos directivos de las escuelas secundarias realicen denuncias ante la Justicia cuando tomen conocimiento de situaciones protagonizadas por estudiantes que eventualmente puedan constituir delitos.
La medida quedó formalizada mediante la Resolución Conjunta N.º 1/MEDGC/26, que fue publicada este lunes en el Boletín Oficial porteño. Sin embargo, el contenido de la normativa ya había sido enviado a los establecimientos educativos durante los últimos días de la semana anterior, lo que permitió que comenzaran a conocerse sus alcances antes de la publicación oficial y provocó cuestionamientos en redes sociales.
El documento fue firmado por la ministra de Educación de la Ciudad, Mercedes Miguel, y por Victoria Morales Gorleri, titular del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes porteño.
La resolución lleva como título “Actuación educativa ante situaciones con posible relevancia penal” y establece en su primer artículo la obligación de efectuar una denuncia cuando una autoridad escolar, en el marco de sus funciones, conozca un hecho que pueda ser considerado un delito de acción pública.
El procedimiento contempla además la posibilidad de solicitar la presencia de fuerzas policiales dentro de los establecimientos cuando exista una situación considerada urgente. A su vez, las autoridades escolares deberán comunicar ante la Justicia hechos que involucren a estudiantes no solamente cuando hayan ocurrido dentro de la institución, sino también cuando sucedan fuera de ella y estén relacionados con alumnos del establecimiento.
La implementación de este protocolo se produce luego de la entrada en vigencia, el 5 de septiembre, del nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido mediante la Ley 27801. La normativa fija la responsabilidad penal a partir de los 14 años y constituye uno de los elementos centrales del nuevo marco en el que se inscribe la resolución educativa.
Los sindicatos UTE y Ademys manifestaron su rechazo al protocolo y expresaron preocupación por las consecuencias que, según consideran, podría tener sobre adolescentes y jóvenes.
Desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) cuestionaron que la nueva disposición pueda profundizar mecanismos de vigilancia dentro de las escuelas. El gremio planteó que las instituciones educativas deberían priorizar herramientas relacionadas con la prevención, el acompañamiento y el cuidado de los estudiantes.
En ese sentido, UTE advirtió sobre la posibilidad de que determinadas situaciones escolares terminen siendo abordadas desde una perspectiva penal. Entre los ejemplos mencionados por los sindicatos aparecen conflictos de convivencia, reclamos estudiantiles, protestas o discusiones entre alumnos y docentes, que podrían ser interpretados de manera diferente dependiendo de la aplicación de las nuevas pautas.
Federico Puy, secretario adjunto de Ademys, cuestionó la iniciativa y sostuvo que podría convertir a las escuelas en una “antesala de las cárceles”. El dirigente también calificó la medida como una forma de persecución hacia los jóvenes.
Por su parte, desde UTE apuntaron contra la conducción del Gobierno porteño y señalaron a Jorge Macri y Mercedes Miguel como responsables políticos de la implementación del nuevo esquema. El sindicato reclamó que las autoridades educativas incorporen equipos especializados y recursos suficientes para intervenir frente a conflictos y situaciones de violencia.
El gremio también planteó la necesidad de desarrollar instancias de capacitación para los trabajadores de las escuelas y de fortalecer políticas públicas relacionadas con educación, inclusión, salud, vivienda y empleo, en lugar de trasladar determinados conflictos al ámbito judicial.
Uno de los antecedentes que aparece en la discusión es la decisión adoptada por el propio Ministerio de Educación porteño frente a las tomas de establecimientos ocurridas en 2022. En aquella oportunidad, la cartera educativa inició acciones judiciales contra familiares de estudiantes que participaron de esas protestas.
Ese antecedente es mencionado por los sectores críticos de la nueva resolución debido a la amplitud de algunas de sus disposiciones. El principal interrogante planteado por los gremios está relacionado con el alcance que podría tener la obligación de denunciar y con qué tipo de situaciones escolares podrían terminar derivando en intervenciones judiciales.
