Proponen declarar una emergencia crediticia en CABA y reducir parte de las deudas de los hogares.

10 DE SEPTIEMBRE 2026.

La problemática vinculada al endeudamiento de las familias porteñas volvió a ocupar un lugar destacado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. En ese ámbito fueron presentadas dos iniciativas que buscan establecer un régimen de emergencia crediticia y modificar las condiciones en las que bancos, empresas financieras, fintech y agencias especializadas pueden gestionar y reclamar el pago de obligaciones.

Los proyectos fueron presentados por las legisladoras Vanina Biasi y Amanda Martín el 8 de septiembre. Una de las propuestas establece una emergencia para los hogares durante un período de dos años, mientras que la segunda se concentra en las modalidades utilizadas durante los procesos de cobranza extrajudicial y pretende establecer límites frente a prácticas consideradas abusivas.

Las iniciativas surgen luego de que la administración de Jorge Macri impulsara el Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal, que fue aprobado por la Legislatura porteña. Ese mecanismo está orientado principalmente a ofrecer alternativas de refinanciación para personas que tienen créditos en situación de mora.

Un régimen de emergencia con vigencia de dos años

La propuesta de emergencia estaría destinada a personas que tengan domicilio en la Ciudad y mantengan obligaciones correspondientes a tarjetas de crédito, préstamos personales u otras modalidades de financiamiento para consumo adquiridas a partir de enero de 2024.

El alcance incluiría deudas contraídas con bancos y entidades financieras, pero también aquellas correspondientes a proveedores no bancarios de crédito, billeteras digitales, comercios y otras compañías que ofrezcan financiación para la compra de bienes o servicios.

Para determinar quiénes podrían acceder al régimen, el proyecto establece como referencia a las personas cuyos ingresos mensuales promedio durante los últimos 12 meses sean inferiores a una vez y media la Canasta de Consumos Mínimos elaborada por ATE-INDEC.

La medida no estaría reservada exclusivamente para quienes dejaron de pagar. También contemplaría a personas que continúan cumpliendo con sus obligaciones, pero que se encuentran dentro del universo económico definido por la iniciativa.

Uno de los principales puntos planteados consiste en frenar durante el período de emergencia los juicios ejecutivos y los embargos que afecten salarios, jubilaciones, pensiones o subsidios de carácter social.

Además, se propone suspender temporalmente determinados mecanismos de registración de personas deudoras y dejar sin efecto intereses punitorios, cargos derivados de la mora, comisiones administrativas y otros conceptos adicionales.

Reducción de deudas y cuotas limitadas al 15% de los ingresos

La iniciativa también contempla la posibilidad de cancelar de manera completa determinadas obligaciones. La condonación abarcaría tanto el capital como los intereses de las deudas que no superen un valor equivalente a dos Canastas de Consumos Mínimos.

El esquema estaría especialmente orientado a sectores considerados vulnerables. Dentro de este grupo se incluirían hogares cuyos ingresos se encuentren por debajo de los límites establecidos, personas que destinen más del 70% de sus recursos a cubrir necesidades esenciales, trabajadores desempleados que hayan permanecido durante períodos extensos sin empleo, jubilados y pensionados con ingresos reducidos y personas con discapacidad o integrantes de familias que tengan personas a su cargo.

El proyecto también incorpora a trabajadores de la administración pública porteña, docentes, integrantes del sistema sanitario y empleados de empresas públicas de la Ciudad que hayan sufrido despidos, desvinculaciones o la finalización de sus contratos desde diciembre de 2023.

En los casos en que el monto adeudado supere el límite establecido para la condonación, se propone aplicar una reducción equivalente al 50% del capital pendiente. El saldo restante podría ser reorganizado mediante un plan de pagos con cuotas fijas y sin intereses.

La propuesta establece además que el importe mensual a pagar no podría representar más del 15% de los ingresos de la persona endeudada, con el objetivo de evitar que el cumplimiento de la obligación comprometa una parte excesiva de sus recursos.

Buscan regular las formas de reclamar las deudas

La segunda iniciativa legislativa está enfocada en las modalidades utilizadas para reclamar deudas fuera de los tribunales. Su alcance comprende a bancos, empresas fintech, billeteras virtuales, agencias de cobranzas y estudios jurídicos, entre otros sectores que intervienen en estos procedimientos.

Entre las modificaciones planteadas se encuentra una regulación sobre la transferencia de las carteras de deuda. El proyecto busca restringir estas operaciones y establece que las empresas o entidades que compren esos créditos no puedan incorporar nuevos cargos, tasas o comisiones que no hayan formado parte de las condiciones originales de la obligación.

La propuesta también establece límites para las comunicaciones dirigidas a las personas endeudadas. Las llamadas telefónicas, mensajes automáticos y correos electrónicos no podrían efectuarse fuera de la franja horaria comprendida entre las 10 y las 17 durante los días hábiles. Además, se plantea que no pueda enviarse más de una comunicación de este tipo por semana.

Otro de los aspectos incluidos está relacionado con la protección del entorno personal del deudor. Las empresas no podrían comunicarse con familiares, vecinos, compañeros de trabajo o empleadores con el objetivo de reclamar el pago de una obligación.

También se busca impedir que las empresas amenacen con hacer pública la situación de morosidad o utilicen documentación que pueda confundirse con una notificación proveniente de un tribunal.

En cuanto a las penalidades, la propuesta contempla multas de entre 10.000 y 500.000 Unidades Fijas. Dependiendo de la gravedad o reiteración de los incumplimientos, también podrían aplicarse clausuras o retirarse determinadas autorizaciones.

Un planteo que busca superar la simple refinanciación

Las iniciativas abren una discusión que presenta diferencias respecto de la política de desendeudamiento implementada hasta el momento por el Gobierno de la Ciudad. Actualmente existe un programa que permite reorganizar obligaciones correspondientes a tarjetas de crédito y préstamos que se encuentran en mora.

Ese mecanismo establece una tasa fija máxima del 35% nominal anual y contempla períodos de financiación de, como mínimo, 24 meses.

Los nuevos proyectos pretenden avanzar sobre un punto diferente. En lugar de concentrarse únicamente en extender los plazos o facilitar el pago de las obligaciones existentes, plantean reducir determinados montos adeudados y establecer mayores restricciones sobre las formas en que bancos y empresas pueden reclamar los créditos pendientes.

Ahora será la Legislatura porteña la que deberá analizar el contenido de ambas iniciativas y determinar si continúan su recorrido parlamentario, además de definir posibles modificaciones.

El debate vuelve a poner en discusión la situación económica de numerosos hogares de la Ciudad y la dificultad creciente para afrontar los gastos cotidianos mediante los ingresos disponibles. En este escenario, el endeudamiento deja de ser un problema exclusivo de quienes ya ingresaron en una situación de incumplimiento y también alcanza a familias que recurren al crédito como una herramienta para poder sostener sus gastos habituales.

La discusión legislativa, por lo tanto, no solo estará vinculada con las condiciones para cancelar o refinanciar deudas, sino también con el papel que deberían asumir el Estado, las entidades bancarias y las compañías financieras frente a una problemática que afecta cada vez más directamente a la economía de los hogares porteños.