El Gobierno porteño reubicó siete CENS y la medida provoca preocupación en la comunidad educativa.

13 DE SEPTIEMBRE 2026.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires resolvió modificar la ubicación de siete establecimientos destinados a la educación secundaria de jóvenes y adultos. La decisión fue formalizada mediante el Decreto N.º 312/26, publicado el miércoles 9 de septiembre en el Boletín Oficial porteño, y contempla el traslado de cinco Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS) y dos de sus anexos a nuevas sedes dentro del territorio de la Ciudad.

Los establecimientos alcanzados por la disposición son los CENS N.º 1, 41, 46, 73 y 88, junto con los anexos correspondientes a los CENS N.º 72 y 76. A partir de esta resolución, estudiantes y docentes deberán desarrollar sus actividades en las nuevas instalaciones determinadas por las autoridades educativas.

Uno de los casos que despertó mayores cuestionamientos es el correspondiente al CENS N.º 1. En este establecimiento, los alumnos tendrán que recorrer una distancia cercana a los ocho kilómetros respecto de la sede en la que asistían anteriormente. La modificación generó preocupación debido al posible impacto que el nuevo trayecto podría tener sobre la asistencia y la continuidad de los estudiantes.

Según los argumentos expuestos por el Ministerio de Educación de la Ciudad, la decisión busca mejorar la organización de la red de establecimientos que dependen de la Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente. Entre los objetivos mencionados se encuentra la reorganización de la oferta educativa y la necesidad de atender el incremento de la demanda de vacantes.

Sin embargo, la resolución provocó cuestionamientos dentro de la comunidad educativa. Desde el sector docente manifestaron preocupación por una decisión que, según sostienen, fue tomada sin una instancia previa de consenso con quienes forman parte de los establecimientos involucrados.

Los docentes advierten que el cambio de sede puede generar consecuencias tanto sobre la organización de las instituciones como sobre la continuidad de sus tareas. También existe preocupación respecto de la disponibilidad de vacantes y de las dificultades que podrían enfrentar algunos estudiantes para continuar asistiendo regularmente a clases debido a las nuevas distancias.

En el ámbito gremial también surgieron reclamos relacionados con la situación laboral de los trabajadores de la educación. Uno de los principales cuestionamientos apunta a que la modificación de las sedes podría obligar a los docentes a trasladarse a otros lugares para desarrollar sus funciones, lo que podría afectar sus condiciones laborales y la continuidad de sus puestos.

En ese sentido, desde el sector sindical se reclama que se preserven los cargos existentes y que las garantías laborales alcancen también a los docentes que se encuentran en condición de interinos. El planteo busca evitar que la reorganización de los establecimientos derive en pérdida o modificación de puestos de trabajo.

La medida se produce, además, en un escenario de tensión creciente alrededor de las políticas educativas implementadas en la Ciudad de Buenos Aires. Durante las últimas semanas, distintos sectores de la comunidad educativa participaron de movilizaciones y reclamos para cuestionar decisiones vinculadas con el funcionamiento de instituciones públicas y exigir la continuidad de determinadas propuestas de formación.

Entre los antecedentes recientes se encuentra el conflicto generado en torno a los institutos de formación de la Ciudad. Uno de los casos señalados fue el del Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación, donde la reducción de la mitad de las comisiones tuvo como consecuencia el despido inmediato de aproximadamente 25 docentes.

En este contexto, el traslado de los siete CENS vuelve a generar interrogantes sobre el alcance de las políticas de reorganización educativa y sus efectos concretos sobre estudiantes y trabajadores. Mientras las autoridades sostienen que el objetivo es ordenar la oferta y responder a la demanda de vacantes, docentes y estudiantes plantean que cualquier modificación debería contemplar las condiciones de acceso, la continuidad pedagógica y la estabilidad laboral.

El debate queda así abierto entre la necesidad de reorganizar la estructura educativa porteña y el impacto que estas decisiones pueden producir en quienes utilizan y sostienen diariamente el sistema de educación pública para jóvenes y adultos.