La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido una orden al Gobierno de la Ciudad para asegurar el acceso de personas con discapacidad.
3 DE ENERO 2024
La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido una orden al Gobierno de la Ciudad para asegurar el acceso de personas con discapacidad y movilidad reducida en Ciudad Oculta, sentando así un precedente para otros barrios populares. La jueza Romina Tesone, del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 1, ha concedido un amparo presentado por el MPD y la Asesoría Tutelar. El fallo establece que el Gobierno tiene diez días para desarrollar y presentar un plan de ejecución de obras destinado a eliminar las «barreras arquitectónicas» que obstaculizan la libre circulación y accesibilidad en igualdad de condiciones.
La medida cautelar impone la «inmediata remoción de escombros, nivelación del suelo y eliminación de baches» para facilitar el recorrido de personas con silla de ruedas o movilidad reducida. Tesone especifica que el plan de obras debe ser detallado, incluyendo plazos para eliminar las barreras arquitectónicas.
El proceso se inició hace tres meses, cuando el MPD presentó el amparo en defensa de dos mujeres con discapacidad en la Villa 15 de Ciudad Oculta. Otros residentes y organizaciones se unieron posteriormente al amparo. Según el MPD, las condiciones deficientes en el área, como calles de tierra desniveladas y pasajes peligrosos, afectan los derechos a la salud y a vivir con dignidad de los residentes.
La respuesta del Gobierno porteño, que intentó argumentar que parte de las tierras en cuestión son responsabilidad del Gobierno nacional, fue rechazada en el fallo. Tesone señala que los terrenos están dentro de los límites de la jurisdicción porteña y que la administración no proporcionó respuesta a la problemática.
La jueza también destacó que durante la audiencia, los vecinos demostraron que el barrio no satisface sus necesidades específicas y que la infraestructura y el diseño urbano limitan la autonomía y obstaculizan la vida diaria. El fallo ha sido elogiado por el MPD y la Asesoría Tutelar como un reconocimiento del papel fundamental del Estado en garantizar los derechos fundamentales y, en este caso, el derecho a la ciudad para todas las personas en condiciones de igualdad.
