La administración de la Ciudad de Buenos Aires redirigió fondos inicialmente previstos para el saneamiento del Riachuelo.

24 DE MAYO 2023

Según un reporte de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA), se detectaron anomalías en la gestión de programas sanitarios y de vivienda en la Cuenca Matanza-Riachuelo (CMR) por parte del Gobierno local. Esta revisión se centró en los fondos del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) durante 2020, donde los auditores observaron deficiencias en el monitoreo de la contaminación y en la atención sanitaria a las comunidades del área. También resaltaron la ausencia de soluciones habitacionales en barrios como El Pueblito, Magaldi y Luján, siguiendo un fallo de la Corte Suprema por el caso Mendoza.

El reporte se estructura en dos segmentos, correspondientes a cada mitad del 2020. Durante este año, señalan los auditores, «el GCBA realizó ajustes en los presupuestos para gestionar la crisis sanitaria, dada la declaración de la pandemia por Covid – 19». En este escenario, la Auditoría resalta ciertos cambios en el PISA que no tienen justificación clara, incluso considerando la situación pandémica, como la asignación de más de 3,7 mil millones de pesos para acciones etiquetadas como «Acumar» que no pertenecen al PISA.

El reporte especifica que dicha suma se divide en distintos rubros. Uno de ellos, etiquetado «Oficina de Género» del Tribunal Superior de Justicia, tiene una asignación de cerca de 8 millones de pesos; otro, “Salud Comunitaria – Acumar” del Ministerio de Salud, supera los 750 millones. «Este programa engloba acciones de salud más generales que las orientadas a la población impactada por la CMR», comentan los auditores. El monto más significativo, cercano a los 3 mil millones, corresponde al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, bajo el concepto de «subsidios ajenos al PISA».

Lisandro Teszkiewicz, auditor por el Frente de Todos (FdT), considera que estas son «anomalías de extrema gravedad» en la gestión del presupuesto. «La Legislatura de la Ciudad había consignado más de 5,8 mil millones para el saneamiento de la Cuenca, pero un 64,46% fue redirigido a otros rubros, es decir, de casi 6 mil millones, 3,7 mil millones fueron reasignados», expuso Teszkiewicz respecto al informe. Según el análisis del primer semestre de 2020, en ese lapso, la ejecución fue solo del 34%, mostrando una disminución comparada con el mismo período de 2019.

En resumen, los auditores identificaron 29 «puntos de interés» referentes al PISA del año 2020. Gran parte de estas observaciones van más allá de los aspectos presupuestarios y se sumergen en un examen minucioso de áreas específicas, como los sectores de salud encargados de abordar problemas originados por la contaminación del medio ambiente. Dichas «Iniciativas de Salud Ambiental» estaban operativas solo en el 13,33% de los Centros de Salud y Acción Comunitaria (CESAC) situados en la CMR.

En lo que respecta al estudio del aire en el área, el documento señala que, 15 años después del dictamen del caso Mendoza, aún no se han establecido «los objetivos concretos en términos de calidad para el corto, mediano y largo plazo en los aspectos del aire, sedimento y tierra». El organismo Auditor de Protección Ambiental (APRA), apuntan los auditores, «no lleva a cabo labores de investigación y desarrollo para determinar niveles aceptables de parámetros que cataloga como ‘no estandarizados’ en base a normativas o referencias nacionales e internacionales». «Identificar estos niveles es crucial para que la entidad reguladora entienda y evalúe el nivel de contaminación del recurso en cuestión, en este caso, el agua», complementan.

En relación al análisis del suelo, el reporte de la Auditoría destaca que la APRA «no ejecuta acciones o protocolos para supervisar la calidad de sedimentos y tierras» ni lleva a cabo «medidas dirigidas a determinar el nivel de contaminación del suelo, dejando en incógnita el estado de contaminación en la zona de la obra ‘Camino de Sirga Etapa III'». Teszkiewicz enfatizó que estos terrenos están «en una región declarada judicialmente contaminada y no tenemos claridad sobre la contaminación en la que se ejecuta una infraestructura pública. Esto significa que Rodríguez Larreta no solo incumple con el saneamiento, sino que realiza obras en suelos contaminados sin la debida supervisión».

La Auditoría también dirigió su atención hacia las estrategias de vivienda del GCBA tras el veredicto del caso Mendoza y halló «ausencia de soluciones al desafío habitacional en zonas como El Pueblito, Magaldi y Luján». «Según lo reportado por el Instituto de Vivienda de la Ciudad, las últimas propuestas habitacionales se proporcionaron hace una década, en 2012, y dichas respuestas cubren el 64% de las familias incluidas en el Acuerdo General», se detalla en el informe. En base a esto, los auditores infieren que «no se logra el propósito establecido por la Corte Suprema» respecto a la «restauración del entorno en sus componentes principales: agua, aire y suelo».