El Gobierno de la Ciudad envió el proyecto para actualizar el Código Urbanístico

1 DE AGOSTO 2024

La propuesta busca modificar varios apartados aprobados en 2018 y frenar así el excesivo avance inmobiliario denunciado por organizaciones vecinales. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) presentó ante la Legislatura porteña un proyecto de ley para actualizar el Código Urbanístico (CUR). Esta iniciativa pretende modificar distintos apartados del Código aprobado en 2018, el cual ha sido cuestionado por agrupaciones vecinales debido al desmesurado crecimiento inmobiliario que generó en los barrios residenciales de casas bajas. Entre otras medidas, se contempla reducir algunas de las alturas permitidas para ajustarlas a las «escalas barriales», reservando los grandes desarrollos únicamente para las avenidas.

Funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano porteño ya habían dado a conocer los principales lineamientos de la actualización a finales de junio, pero ahora el texto del proyecto ha sido ingresado formalmente a la Legislatura. Con giro a la Comisión de Planeamiento Urbano, la propuesta deberá ser discutida primero allí antes de llegar al recinto. Las modificaciones periódicas al Código están estipuladas por la propia ley de su creación e implican, además, un tratamiento de doble lectura con audiencia pública de por medio, por lo que la aprobación definitiva de la norma podría darse, como mínimo, hacia fin de año. En aquella presentación ante el Foro Participativo Permanente del Plan Urbano Ambiental (PUA), los funcionarios habían asegurado que los «ajustes» al CUR buscarían promover un «equilibrio urbano» entre «patrimonio» e «incentivos» a la construcción, especialmente en el sur de la ciudad. Ahora, con la presentación formal del articulado en la Legislatura, se han revelado más detalles técnicos sobre esos «ajustes».

Uno de ellos es la readecuación de la Unidad de Sustentabilidad Baja (USAB), la tipología que regula las construcciones de menor escala en la ciudad. Hasta ahora existen dos tipos de USAB –1 y 2–, que serán ampliadas a tres –0, 1 y 2–, correspondientes a tres alturas máximas: 9, 12 y 14,6 metros. En la misma línea, el proyecto incorpora ampliaciones de los «centros libres de manzana», es decir, los espacios que deben dejarse sin construir en el interior de las manzanas y que habían sido reducidos en el CUR de 2018.

Según indican desde el Gobierno porteño, estos ajustes se realizarían «priorizando las escalas barriales y resguardando la identidad de cada barrio». «No se permitirá más que en los barrios residenciales se construyan edificios que no respeten la esencia de cada manzana», aseguran, y agregan que «los grandes desarrollos sólo se podrán construir sobre las avenidas que cuenten con la infraestructura de servicios adecuada para soportarlos».

El detalle específico de las planchetas de edificación y de las zonas de la ciudad a las que estarán dirigidos los «ajustes» –algo que se debatirá en comisiones–, será lo que determine el impacto real de las modificaciones, considerando que algunos barrios fueron más afectados que otros desde la aprobación del CUR en 2018. De hecho, en este tiempo, vecinos y vecinas de más de diez barrios porteños se organizaron para presentar proyectos de ley propios con el fin de modificar lo establecido por la norma en sus zonas específicas.

Las agrupaciones han emitido ahora un comunicado conjunto en el que exigen, entre otros puntos, que se respete lo presentado en esos proyectos y advierten que no se cumplieron los métodos de participación necesarios para la elaboración del proyecto oficial, a pesar de que el GCBA sostiene haber realizado más de treinta reuniones con vecinos y vecinas. También solicitan que se suspendan los permisos de obra activos hasta que se resuelva el cambio de normativa.

En una reunión previa del foro, realizada en noviembre del año pasado, desde el GCBA habían señalado que la modificación del CUR se centraría en quince barrios porteños: Saavedra, Coghlan, Colegiales, Villa Ortúzar, Chacarita, Villa Devoto, Villa del Parque, Villa Santa Rita, Boedo, Núñez, Palermo, Villa Crespo, Balvanera, Almagro y San Cristóbal.

Sin embargo, el proyecto de ley presentado no solo pretende modificar la normativa de construcción, sino que también busca incorporar una serie de inmuebles al catálogo de protección patrimonial. Según indicaron desde el Gobierno porteño, se trata de «4.209 inmuebles con valor arquitectónico, que hoy se encuentran en el catálogo preventivo».

La iniciativa también contempla la creación de mecanismos de «impulso a la zona sur» de la ciudad mediante «un sistema de incentivos para el desarrollo de construcciones en esos barrios». Aseguran que, desde la aprobación del CUR en 2018, «de las 4.201 nuevas construcciones aprobadas, solo 191 –el 4,8 por ciento– se localizan en las comunas del sur».

Aunque el proyecto ya fue ingresado a la Legislatura con giro a la Comisión de Planeamiento Urbano, aún no hay una fecha confirmada para que la comisión se reúna y comience a discutir su articulado.

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