El GCBA debe proteger las construcciones anteriores a 1942.

30 DE JUNIO 2024

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) ha sido instado por la Cámara de Apelaciones porteña a completar el catálogo de inmuebles erigidos antes de 1942 para asegurar su salvaguarda patrimonial. Este catálogo, contemplado por ley, no ha sido finalizado, lo que genera un vacío legal que facilita la demolición de estos edificios, estimados en más de 140 mil.

El fallo de la Cámara, ratificando la decisión de primera instancia emitida por el juez Aurelio Luis Ammirato en abril del año pasado, rechaza la apelación del GCBA. Los jueces han señalado que se han excedido los plazos establecidos por ley para completar el relevamiento de los inmuebles, y que el GCBA no ha concluido esta tarea en los 15 años transcurridos desde la aprobación de la normativa. Esta omisión, consideran los jueces, constituye una negligencia en las responsabilidades del Gobierno en la preservación de estos bienes.

La Ley N°3.056, sancionada en 2009, establece la obligatoriedad de incluir en el catálogo los edificios construidos antes del 31 de diciembre de 1941, mediante un relevamiento a cargo del propio GCBA. Sin embargo, hasta la fecha, este relevamiento no se ha completado satisfactoriamente. Aunque se realizó un estudio en colaboración con la Facultad de Arquitectura de la UBA, que identificó alrededor de 141 mil edificios anteriores a 1942, el Listado de Inmuebles Catalogados por el Código Urbanístico solo incluye 5800 de ellos.

Los jueces han ordenado al GCBA completar el catálogo definitivo de todos los inmuebles, realizar la evaluación del valor patrimonial a través del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) y establecer una protección adecuada para los bienes resultantes. Mientras tanto, se prohíbe al GCBA autorizar demoliciones, reformas o nuevas construcciones en estos inmuebles, a menos que el CAAP otorgue una autorización expresa e individualizada.

Este fallo responde a una demanda iniciada por organizaciones de la sociedad civil, como el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), Basta de Demoler (BdD), la Fundación Ciudad y SOS Caballito, quienes celebran esta decisión judicial como una victoria para la protección del patrimonio urbano de la ciudad. Estas organizaciones han expresado su preocupación por la falta de transparencia y la discrecionalidad en la gestión del patrimonio arquitectónico porteño por parte del GCBA, especialmente en lo que respecta a la concesión de permisos de demolición y obras.