El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), junto con otras organizaciones civiles, ha presentado una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación con la represión policial ocurrida durante las protestas en el Congreso durante el tratamiento de la Ley Ómnibus.
3 DE FEBRERO 2024
Esta denuncia busca proteger tanto a los manifestantes que ejercen su derecho a protestar como a los trabajadores de prensa que informan sobre estos reclamos.
La escalada de violencia estatal ha generado preocupación, especialmente considerando que apenas han pasado dos meses desde el inicio del gobierno de la alianza entre libertarios y macristas. La ex candidata Patricia Bullrich, ahora ministra de Seguridad, ha sido criticada por sus operativos violentos para disuadir las protestas sociales. La denuncia también incluye la petición de un llamamiento urgente a los partidos políticos, autoridades públicas y actores sociales para que respeten los derechos humanos y promuevan una convivencia democrática sin represión.
Bullrich ha informado sobre detenidos y destrozos en el Congreso, pero las cifras presentadas han generado confusión, con discrepancias entre las cifras proporcionadas por diferentes fuentes. La Comisión Provincial por la Memoria ha exigido a los ministros Bullrich y Wolff que rectifiquen la información o proporcionen la identidad de las personas no informadas.
María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), ha informado sobre un total de 20 detenidos, la mayoría de los cuales fueron alojados en la Superintendencia de Investigaciones. Esta situación refleja la preocupación por el uso de la fuerza policial y la necesidad de proteger los derechos humanos durante las manifestaciones.
