Choque de trenes en la Línea San Martín: Seis trabajadores procesados, pero sin responsabilidades para funcionarios

28 DE NOVIEMBRE 2024

El juez Julián Ercolini procesó a seis trabajadores ferroviarios por el choque de trenes ocurrido el pasado 10 de mayo en la Línea San Martín, que dejó más de 60 personas heridas. Sin embargo, la investigación no ha profundizado en las posibles responsabilidades de funcionarios de Trenes Argentinos o de la Secretaría de Transporte, a pesar de que varios documentos oficiales confirman que las autoridades estaban al tanto de la situación crítica en la que operaba la línea. En cambio, el enfoque de la causa ha sido el «error humano» de los trabajadores, quienes, según el juez, actuaron de forma imprudente, sin tener conocimiento adecuado del sistema de frenos y en un contexto de fallas técnicas previas que no fueron resueltas por las autoridades.

Detalles del accidente y el procesamiento

La colisión ocurrió cuando una formación de pasajeros de ocho vagones, con más de 90 personas a bordo, embistió por detrás a una locomotora con furgón de trabajo detenida sobre un puente en el barrio de Palermo, Ciudad de Buenos Aires. El choque dejó 61 heridos, que fueron atendidos en las horas posteriores. El juez Ercolini procesó a seis de los doce trabajadores imputados inicialmente, pero no dispuso prisión preventiva para ninguno de ellos, aunque sí les impuso un embargo millonario de 157 millones de pesos a cada uno.

Los procesados son:

• Mariano Filangeri y Damián Bartoletti Renzi: conductor y ayudante de conductor de la locomotora con furgón de trabajo.
• Nahuel Morales: auxiliar de la estación Palermo, acusado de dar la autorización para que el tren de pasajeros avanzara.
• Leandro Martínez y Javier Silveri: responsables de la Oficina de Control de Trenes de la Estación Caseros.
• Alfredo Gómez: supervisor de la Mesa de Personal, acusado de no garantizar que los trabajadores estuvieran capacitados para manejar el sistema de frenos.

Teoría del juez: Imprudencia y falta de capacitación

La teoría del juez sobre lo ocurrido se centra en la imprudencia de los trabajadores procesados. Según Ercolini, Filangeri y Bartoletti Renzi no tenían la capacitación adecuada para manejar el sistema de frenos de la locomotora, específicamente el On Board Computer. El sistema de frenos, que debía impedir que la locomotora avanzara cuando el vehículo estaba detenido, fue configurado en un modo de «maniobra», lo que permitió que el tren se detuviera en cuatro ocasiones antes del choque. Ercolini les imputa no haber desactivado ese modo ni informado sobre la última detención del tren, lo que habría podido evitar el incidente.

El auxiliar de la estación Palermo, Nahuel Morales, fue procesado por autorizar el avance de la formación de pasajeros a pesar de saber que la locomotora con furgón estaba detenida en la misma vía, lo que resultó en la colisión minutos después de dar la autorización. En cuanto a Martínez y Silveri, desde la Oficina de Control, el juez considera que tuvieron la responsabilidad de comunicar que el furgón estaba detenido, lo que no hicieron, y que su falta de acción contribuyó al choque.

¿Y las autoridades?

Aunque varios documentos y reportes internos confirman que Trenes Argentinos y la Secretaría de Transporte estaban al tanto de las fallas en el servicio y del mal estado de la infraestructura, la investigación no ha profundizado en las responsabilidades de los funcionarios a cargo de garantizar el funcionamiento seguro del sistema ferroviario.

Desde meses antes del choque, la línea San Martín no contaba con el sistema de señalización automático debido a los robos de cables, un problema que había sido informado repetidamente por los trabajadores, pero que nunca fue resuelto. La falta de reposición de cables fue clave, ya que de haber estado operativo el sistema, los semáforos automáticos podrían haber alertado a la formación de pasajeros sobre la presencia del furgón detenido.

Además, el informe de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) ya había alertado sobre las irregularidades técnicas y operativas en la línea San Martín, pidiendo medidas correctivas urgentes. También se sabe que, una semana antes del choque, Trenes Argentinos había solicitado fondos al Ministerio de Economía y a la Secretaría de Transporte debido a la situación crítica del servicio.

El freno a las licitaciones

Otro aspecto clave que se menciona en la resolución judicial es el frenazo a la licitación destinada a renovar las vías y el sistema de señalización de la línea, que estaba financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La licitación fue detenida tras la asunción de Javier Milei como presidente, y la decisión fue ratificada por Luis Caputo, quien pidió al BID que reasignara los fondos destinados a este proyecto, cancelando la licitación.

El querellante Alan Barroso, víctima del choque, había solicitado la indagatoria de funcionarios como Luis Caputo (ministro de Economía) y Franco Mogetta (secretario de Transporte), señalando que su desidia y la paralización de obras clave fueron responsables de la falta de mantenimiento y la peligrosa situación en la que operaba la línea San Martín.

La causa sigue su curso con el procesamiento de los trabajadores involucrados, pero las responsabilidades políticas y de gestión aún no han sido aclaradas. A pesar de las pruebas de que las autoridades competentes estaban al tanto de los problemas estructurales en la línea y de la falta de inversión en el servicio ferroviario, la investigación sigue centrada en la responsabilidad de los trabajadores, con un énfasis particular en los errores humanos cometidos durante la operación del día del accidente.

El caso sigue abierto, y mientras los trabajadores procesados luchan contra las acusaciones, la falta de medidas adecuadas por parte de las autoridades y la negligencia en el mantenimiento de la infraestructura siguen siendo temas pendientes que podrían ser clave para determinar las responsabilidades completas en este grave incidente.