Aprueban la creación del Registro Público de Vacantes en colegios privados.
21 DE DICIEMBRE 2025.
La Legislatura porteña sancionó la creación obligatoria del Registro Público de Vacantes para todos los colegios privados incorporados al sistema educativo oficial. La reforma a la Ley de Matriculación, aprobada con 44 votos afirmativos durante la última sesión del año, constituye un paso clave hacia una mayor transparencia educativa y equidad en el acceso a la educación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La iniciativa apunta, principalmente, a erradicar los rechazos arbitrarios y sin justificación que enfrentan numerosas familias, en particular aquellas con estudiantes con discapacidad o neurodivergencias.
El nuevo registro funcionará bajo la órbita del Ministerio de Educación de la Ciudad, organismo que tendrá a su cargo la carga, actualización y difusión de la información vinculada a las vacantes disponibles por grado y año, tanto para el ciclo lectivo vigente como para el siguiente. A partir de la entrada en vigencia de la ley, los establecimientos privados estarán obligados a publicar esta información de manera permanente en sus sitios web institucionales y, además, en la plataforma oficial del Ministerio. De este modo, se busca garantizar que las familias puedan acceder a datos actualizados en tiempo real y evitar situaciones de incertidumbre o discrecionalidad en los procesos de inscripción.
La iniciativa fue impulsada por la diputada Graciela Ocaña y contó con el acompañamiento de legisladores de distintos bloques, así como con el respaldo de Genoveva Ferrero, representante del Observatorio de Discapacidad de la Justicia de la Ciudad. Durante el debate parlamentario, Ocaña destacó que el proyecto se construyó a partir de la experiencia concreta de las familias afectadas. En ese sentido, señaló: “Esta reforma de la Ley de Matriculación fue pensada y redactada por profesionales especializados, pero sobre todo fue elaborada escuchando las verdaderas necesidades. No nació de un escritorio, sino de las historias de las personas con discapacidad que transitan el sistema educativo y de sus familias”.
El tratamiento de la reforma estuvo motivado por numerosos testimonios de organizaciones sociales y familias que denunciaron dificultades reiteradas para acceder a vacantes, especialmente en el caso de niñas y niños con discapacidad. En el marco de las reuniones de la Comisión de Educación, presidida por el diputado Sergio Siciliano, se expusieron situaciones que describieron el proceso de inscripción como un “peregrinaje doloroso”, marcado por trabas administrativas y prácticas discriminatorias.
Desde el Observatorio de Discapacidad, Ferrero resaltó el impacto humano e institucional de la norma. “El objetivo siempre fue simple y profundamente humano: que las familias con hijos con desafíos puedan acceder a una vacante en una escuela privada sin atravesar un laberinto de obstáculos, silencios y puertas cerradas”, expresó. Asimismo, afirmó que con la sanción de la ley “se pone fin a años de recorridos desgastantes de familias que solo buscaban ejercer un derecho básico que nunca debió ponerse en duda”.
En el plano normativo, la reforma introduce una exigencia central para los establecimientos privados: ningún colegio podrá rechazar la inscripción o reinscripción de un estudiante sin una “justa causa” debidamente fundamentada. Esta obligación se alinea con lo establecido por la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y los tratados internacionales que garantizan los derechos de la niñez y de las personas con discapacidad. De esta manera, la norma busca desalentar prácticas discriminatorias y fortalecer el derecho a una educación inclusiva.
Las voces del sector social valoraron el avance, aunque señalaron que aún existen desafíos pendientes. Paulo Morales, presidente de la Asociación Civil TEActiva, celebró la aprobación de la ley, pero advirtió que la transparencia constituye solo un primer paso. “Una ley no resuelve por sí sola todos los problemas de inserción escolar que atraviesan los niños con neurodivergencias, pero representa un avance importante hacia una convivencia más inclusiva”, afirmó.
En esa línea, Morales sostuvo que las soluciones de fondo llegarán cuando los establecimientos educativos adopten un cambio cultural. “Seguimos recibiendo denuncias de familias con enormes dificultades para escolarizar a sus hijos. Esto se resolverá definitivamente cuando las escuelas se abran a la neurodiversidad”, concluyó.
La sanción del Registro Público de Vacantes tuvo lugar durante una extensa sesión legislativa y fue el resultado de un proceso de debate que incluyó la participación de organizaciones de la sociedad civil y la construcción de consensos entre distintos bloques políticos. La modificación de la Ley 2.681 entrará en vigencia a partir del próximo ciclo lectivo y aspira a generar un cambio de paradigma en el acceso a la educación privada en la Ciudad, priorizando la igualdad de oportunidades y la inclusión plena de todos los estudiantes.
