Advierten por el aumento de los desalojos en la Ciudad y reclaman políticas habitacionales para las familias afectadas

Un informe conjunto elaborado por el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires y la Defensoría del Pueblo porteña encendió una señal de alerta sobre el crecimiento sostenido de los desalojos en el distrito y cuestionó la falta de políticas públicas específicas destinadas a acompañar a las personas que pierden su vivienda.

El trabajo, realizado a partir de diversos pedidos de información dirigidos al Poder Ejecutivo local, analiza la evolución de los procedimientos de desocupación registrados durante los últimos años y pone el foco en el impacto que estas medidas generan sobre los sectores con mayor vulnerabilidad social y habitacional.

Según las conclusiones del relevamiento, la cantidad de personas afectadas por desalojos aumentó de manera significativa entre 2024 y los primeros meses de 2026, mientras que las respuestas estatales continúan limitándose a mecanismos de asistencia transitoria que, de acuerdo con los organismos, resultan insuficientes para garantizar soluciones habitacionales estables.

El informe señala que, entre el comienzo de 2024 y marzo de 2026, un total de 4.482 personas fueron desalojadas en la Ciudad de Buenos Aires. Dentro de ese universo, se contabilizaron 1.409 niños, niñas y adolescentes, un dato que para los autores del estudio refleja el alcance social de la problemática y la necesidad de adoptar políticas integrales que contemplen especialmente la protección de los grupos familiares.

Además, el documento advierte que durante 2025 la cantidad de procedimientos aumentó un 26% en comparación con el año anterior y sostiene que, si se mantiene la tendencia observada durante los primeros meses de 2026, este año podría finalizar con el número más elevado de desalojos desde que comenzó el período analizado.

Sin embargo, más allá del crecimiento cuantitativo, uno de los aspectos que mayor preocupación genera entre los organismos es el cambio registrado en la modalidad de los procedimientos.

Mientras que durante 2024 la inmensa mayoría de los desalojos —cerca del 98%— se concretó mediante órdenes emanadas del Poder Judicial, en los primeros meses de 2026 la situación comenzó a modificarse de manera significativa.

De acuerdo con el informe, los denominados desalojos administrativos pasaron a representar el 58% del total, superando por primera vez a aquellos ordenados por la Justicia.

Dentro de este grupo, las clausuras administrativas motivadas por supuestos riesgos de derrumbe concentraron el 52% de los casos registrados.

Para el Ministerio Público de la Defensa y la Defensoría del Pueblo, esta evolución merece un análisis especial debido a que la legislación vigente contempla este tipo de medidas como una excepción al principio general que establece la necesidad de intervención judicial previa.

Según recuerdan ambos organismos, las clausuras administrativas con desocupación inmediata solo deberían aplicarse frente a situaciones donde exista un riesgo estructural concreto, actual e inminente para las personas que habitan el inmueble.

En consecuencia, sostienen que cada procedimiento de estas características debería estar respaldado por informes técnicos específicos que acrediten de manera fehaciente la existencia del peligro invocado.

Precisamente sobre este punto, el trabajo expresa una particular preocupación respecto del incremento de las inspecciones impulsadas por la Jefatura de Gabinete porteña durante el transcurso de 2026.

El informe indica que alrededor de un tercio de los desalojos ejecutados bajo la figura de riesgo de derrumbe fueron precedidos por actuaciones administrativas iniciadas desde esa dependencia, una circunstancia que los organismos consideran llamativa para procedimientos que, en teoría, deberían responder únicamente a emergencias técnicas objetivas y no a estrategias de fiscalización más amplias.

La investigación también permite identificar el perfil predominante de las personas afectadas.

Según los datos recopilados, la mayoría de los desalojos impacta sobre familias de bajos ingresos que residen en hoteles familiares, pensiones, conventillos e inquilinatos ubicados principalmente en las Comunas 1, 3 y 4 de la Ciudad de Buenos Aires, zonas donde históricamente se concentra buena parte de la población con mayores dificultades de acceso a una vivienda formal.

Junto al análisis de los procedimientos, el informe dedica un apartado especial a evaluar las políticas de asistencia implementadas por el Gobierno porteño para quienes atraviesan una situación de pérdida de vivienda.

En ese sentido, el documento sostiene que actualmente las personas desalojadas reciben prácticamente las mismas respuestas institucionales previstas para quienes ya se encuentran en situación de calle.

Las principales herramientas disponibles son el acceso a los Centros de Inclusión Social y el Programa de Apoyo para Personas en Situación de Vulnerabilidad Habitacional.

No obstante, los organismos consideran que estos dispositivos resultan insuficientes para ofrecer una solución duradera.

Si bien el relevamiento indica que aproximadamente ocho de cada diez familias lograron acceder al menos a una cuota del subsidio habitacional, el estudio remarca que las condiciones de ese programa presentan múltiples limitaciones.

Entre ellas, señala montos que no siempre alcanzan para afrontar los costos del mercado inmobiliario, dificultades para sostener el beneficio en el tiempo y la ausencia de estrategias complementarias que permitan garantizar una estabilidad habitacional a largo plazo.

Otro de los cuestionamientos planteados en el informe está vinculado con la falta de coordinación entre las distintas áreas estatales que intervienen en estos procedimientos.

El trabajo sostiene que actualmente no existe un protocolo único que establezca criterios homogéneos para la actuación de los organismos involucrados ni una autoridad específica encargada de centralizar, supervisar y monitorear el desarrollo de los desalojos.

Para el Ministerio Público de la Defensa y la Defensoría del Pueblo, esta ausencia de lineamientos comunes genera respuestas fragmentadas y dificulta la protección efectiva de los derechos de las personas afectadas.

Frente a este escenario, ambas instituciones propusieron la conformación de una mesa de trabajo interinstitucional destinada a coordinar las acciones de las diferentes dependencias estatales, sistematizar la información disponible y realizar un seguimiento permanente de los procedimientos.

Asimismo, solicitaron la elaboración de un protocolo integral, con respaldo normativo, que establezca pautas claras de actuación y contemple mecanismos específicos de asistencia para las familias alcanzadas por estas medidas.

Según expresaron los organismos en las conclusiones del informe, el crecimiento de los desalojos plantea un desafío que excede el ámbito administrativo o judicial y obliga a repensar las políticas públicas vinculadas al acceso a la vivienda.

En ese contexto, consideran imprescindible fortalecer las herramientas de prevención, mejorar los sistemas de acompañamiento social y garantizar que las intervenciones estatales contemplen especialmente la protección de los sectores que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad habitacional.