Patricia Bullrich y Jorge Macri acuerdan el traspaso del Servicio Penitenciario a la Ciudad de Buenos Aires
29 DE NOVIEMBRE 2024.
Hoy por la mañana, el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, firmaron un acuerdo para avanzar en el traspaso de la gestión del servicio penitenciario al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. El acuerdo implica que, a partir de ahora, la Ciudad asumirá la responsabilidad de la ejecución de penas privativas de libertad y la custodia de detenidos que están bajo la jurisdicción de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional y de la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad.
La reunión, celebrada en la sede del Ministerio de Seguridad en la Av. Gelly y Obes, marcó el inicio de un proceso que implicará la transferencia de competencias del Servicio Penitenciario Federal hacia la administración porteña. Este servicio tiene bajo su custodia a los detenidos por delitos no federales, cuya justicia es ejercida por la justicia local.
Los actores de la reunión
El encuentro contó con la participación de Patricia Bullrich, quien estuvo acompañada por Julian Curi, Subsecretario de Asuntos Penitenciarios, y Desirée Barczuk, Directora Nacional de Modernización del Sistema y la Arquitectura Penitenciaria. Por su parte, junto a Jorge Macri estuvieron presentes Néstor Grindetti (Jefe de Gabinete), Gabriel Sánchez Zinny (Vicejefe de Gabinete), Gabino Tapia (Ministro de Justicia) y Waldo Wolff (Ministro de Seguridad) del Gobierno de la Ciudad.
Implicancias del acuerdo
Este traspaso de competencias implica un cambio en la gestión del sistema penitenciario, lo cual será clave para la administración de los centros de detención que operan en la Ciudad de Buenos Aires. Con este acuerdo, la Ciudad de Buenos Aires asume la responsabilidad de gestionar las penas privativas de libertad de aquellos detenidos cuya causa es tramitada en los tribunales locales, dejando el Sistema Penitenciario Federal bajo la órbita nacional solo para aquellos con causas federales o vinculadas a delitos de esa jurisdicción.
El acuerdo también responde a un proceso de descentralización de la gestión de seguridad, una política que ya ha sido planteada en otros ámbitos por parte del Gobierno porteño, y busca mejorar la eficiencia en la administración de la justicia penal y las condiciones de los centros de detención.
¿Qué implica para el sistema penitenciario?
La transferencia incluye una serie de cambios operativos, logísticos y financieros, ya que el Gobierno de la Ciudad asumirá la administración de los recursos humanos, infraestructura y actividades dentro de los centros penitenciarios que albergan a detenidos procesados o condenados por delitos no federales. Además, la modernización del sistema penitenciario, uno de los puntos centrales de la conversación, podría implicar reformas en los métodos de reclusión y en las condiciones de los detenidos, para que se ajusten mejor a los estándares de derechos humanos.
Esta medida también es vista como parte de un proceso más amplio de fortalecimiento del rol de la Ciudad en cuestiones de seguridad, en un contexto donde la autonomía porteña es un tema recurrente en la agenda política.
