Operativo en La Boca: demoraron a más de 100 “trapitos” durante el partido entre Boca y Barracas Central

10 DE ABRIL 2025

Durante la jornada del pasado domingo, mientras se disputaba el encuentro entre Boca Juniors y Barracas Central por la duodécima fecha del Torneo Apertura, la Policía de la Ciudad llevó adelante un amplio operativo de seguridad en los alrededores del estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como La Bombonera. El despliegue, que tuvo como principales objetivos garantizar la seguridad de los hinchas, prevenir incidentes y controlar actividades irregulares, derivó en la demora de más de un centenar de “trapitos” por uso indebido del espacio público, además de otras infracciones.

Tres anillos de control y una estrategia preventiva

Según informaron fuentes oficiales, el operativo comenzó varias horas antes del inicio del encuentro y estuvo dividido en tres anillos de seguridad. Esta estructura escalonada permitió realizar controles de acceso vehicular y peatonal, registrar mochilas y pertenencias, verificar la autenticidad de las entradas, y, sobre todo, fiscalizar la actividad de los cuidacoches y vendedores ambulantes que, de forma habitual, se instalan en las inmediaciones del estadio durante cada jornada futbolística.

De acuerdo con el comunicado difundido por el Ministerio de Seguridad porteño, el operativo fue considerado exitoso en términos logísticos: se labraron un total de 356 actas contravencionales, de las cuales 106 correspondieron a cuidacoches ilegales, comúnmente conocidos como “trapitos”. Estas personas fueron demoradas por infringir las normativas vigentes sobre el uso del espacio público sin autorización y, en algunos casos, por coacción a conductores para obtener dinero a cambio de estacionar en la vía pública.

Detenciones por entradas truchas

Además del accionar contra los trapitos, el operativo también tuvo resultados en materia de control de documentación: cuatro personas fueron detenidas por intentar ingresar al estadio con entradas apócrifas. Según trascendió, los detenidos fueron interceptados en las calles aledañas a La Bombonera cuando intentaban colarse utilizando tickets falsificados. La investigación ahora quedó en manos del Ministerio Público Fiscal, que determinará las responsabilidades penales correspondientes.

Estos procedimientos buscan desalentar el circuito paralelo de entradas no oficiales, una práctica recurrente que genera conflictos tanto en la seguridad del espectáculo deportivo como en la economía formal de los clubes.

Un conflicto urbano que no cesa

La presencia de “trapitos” en eventos masivos, especialmente en partidos de fútbol, es una problemática de larga data en la Ciudad de Buenos Aires. La figura del cuidacoches ha sido durante años objeto de discusión política, social y judicial, en tanto opera en un área gris entre la informalidad y la contravención.

En muchos casos, estos individuos exigen una suma de dinero —en ocasiones fija, en otras sugerida— para permitir que automovilistas estacionen en zonas públicas, lo que ha generado situaciones de tensión, amenazas, e incluso hechos violentos. En otros contextos, también se ha señalado la presencia de organizaciones delictivas que utilizan la fachada de cuidacoches como pantalla para otras actividades ilegales.

Un nuevo intento por reformar la ley

Frente a esta situación persistente, el Gobierno de la Ciudad anunció en febrero de 2025 la intención de presentar un proyecto de ley ante la Legislatura porteña para endurecer las sanciones contra los trapitos. La iniciativa buscaría modificar el actual régimen contravencional, que hasta ahora contempla penas leves, generalmente consistentes en arrestos breves de entre cinco y quince días, que rara vez se cumplen de forma efectiva.

Al respecto, el entonces ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, había señalado: “Durante enero, la Policía de la Ciudad detuvo a 600 trapitos, pero como la normativa vigente sólo establece contravenciones, el fiscal debe liberarlos”. De esta manera, la reforma apuntaría a convertir esta práctica en un delito penal tipificado, con consecuencias judiciales más severas, que incluyan antecedentes, detenciones prolongadas y posibilidad de reincidencia.

El proyecto aún se encuentra en fase de elaboración, aunque desde el oficialismo porteño ya anticiparon que cuentan con el respaldo de varios bloques legislativos para su tratamiento.

La otra cara: subsistencia, informalidad y ausencia de políticas sociales

Sin embargo, el fenómeno de los trapitos también expone una realidad social compleja. Muchos de quienes realizan esta actividad viven en condiciones de pobreza o vulnerabilidad social, sin acceso a empleo formal, vivienda digna o educación. En ese marco, el trabajo informal como cuidacoches aparece como única fuente de ingreso.

Diversas organizaciones sociales y de derechos humanos han advertido que una penalización más dura podría derivar en la criminalización de la pobreza y el incremento del encarcelamiento de personas en situación de calle o exclusión estructural. Desde estos sectores, se reclama la implementación de políticas públicas integrales, que combinen control y regulación con alternativas laborales reales para los sectores más postergados.

Asimismo, señalan que la respuesta punitivista puede producir un desplazamiento de los cuidacoches hacia otras zonas de la ciudad, sin resolver el problema de fondo. Algunos estudios académicos también vinculan la persistencia de esta figura con el fracaso del Estado para garantizar el orden urbano sin excluir a los sectores más frágiles del tejido social.

Una discusión que se traslada a la cancha política

El debate en torno a los trapitos no es nuevo, pero sí se ha reavivado en los últimos años, especialmente en contextos electorales, donde el tema aparece como un símbolo del “orden urbano” y la “seguridad ciudadana”. Mientras que sectores más conservadores reclaman “tolerancia cero” y eliminación total de los cuidacoches, otros sectores plantean enfoques más integrales y sostienen que la problemática debe abordarse desde una perspectiva multidimensional: legal, social y económica.

El operativo en La Bombonera es, en ese sentido, una postal de esta tensión constante entre el orden y la exclusión, entre el cumplimiento de la ley y la contención social. Por lo pronto, desde el Ejecutivo porteño aseguran que se mantendrán los controles estrictos en cada evento deportivo de gran convocatoria, y que buscarán avanzar en el Congreso local con la reforma de la ley para dotar al Estado de mayores herramientas legales.

Mientras tanto, los trapitos —como fenómeno urbano, social y político— seguirán formando parte del paisaje porteño, al menos hasta que se encuentre un modelo de convivencia y regulación que sea eficaz, justo y sostenible.