Servicio Penitenciario Propio en CABA
En un movimiento considerado clave para profundizar la autonomía porteña, la Legislatura aprobó la creación del nuevo Servicio Penitenciario de la Ciudad y la Ley de Ejecución de Penas, dos normas que arribaron al recinto luego de extensas rondas de trabajo en comisión y que consiguieron un respaldo transversal entre los distintos bloques.
Durante una sesión extensa e inédita —que incluyó también la votación del Presupuesto 2026— se sancionó la conformación del Servicio Penitenciario y de Reintegración Social (SPRS), un organismo que asumirá la custodia de las personas privadas de libertad y promoverá políticas de tratamiento acordes a los estándares actuales, con el objetivo de favorecer su reinserción y disminuir los índices de reincidencia.
El proyecto obtuvo 54 votos positivos y solo tres negativos.
Junto con esta norma se aprobó la Ley de Ejecución de la Pena, que cosechó 55 votos afirmativos. Ambas iniciativas buscan preparar el escenario jurídico para que la Ciudad pueda administrar a las personas condenadas dentro del ámbito de su propia Justicia, de cara al traspaso de competencias penitenciarias que CABA negocia con el Gobierno nacional. Esa transferencia permitiría, entre otras cosas, poner fin a la situación crítica de hacinamiento en comisarías y alcaidías.
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, celebró la sanción y la calificó como “un hecho histórico para la autonomía porteña”, enfatizando que cada nueva competencia asumida por la Ciudad repercute directamente en la vida de los vecinos.
La vicejefa de Gobierno y presidenta de la Legislatura, Clara Muzzio, condujo la sesión. Durante el debate, la titular de la Comisión de Justicia, Inés Parry (UCR), destacó que se trata de “un punto de inflexión en el desarrollo institucional de Buenos Aires”, ya que por primera vez la Ciudad podrá ejercer de manera plena la ejecución de las penas.
La presidenta de la Comisión de Seguridad, Gimena Villafruela (PRO), remarcó que se trata de “un antes y un después para la vida de los porteños”, dado que el nuevo sistema busca garantizar que las penas se cumplan y que existan verdaderas oportunidades de reinserción.
Desde la oposición, Graciana Peñafort (Unión por la Patria) evaluó que la iniciativa original enviada por el Ejecutivo era insuficiente, aunque valoró el trabajo conjunto de los bloques para transformarla en una propuesta “más amplia y con una mirada humana, porque una pena sin posibilidad de redención carece de sentido”.
En tanto, Rebeca Fleitas, de La Libertad Avanza, celebró que se salde una deuda de más de tres décadas respecto al avance de la autonomía. Subrayó que la normativa permitirá contar con una fuerza penitenciaria civil y armada, así como con un cuerpo de agentes dedicados exclusivamente a la reintegración social de las personas privadas de la libertad.
El ministro de Justicia, Gabino Tapia, también ponderó el paso dado y aseguró que el nuevo sistema fortalecerá la estructura de seguridad pública porteña.
Cómo funcionará la nueva Agencia Penitenciaria y de Reintegración Social
El organismo será civil, especializado y dependiente del Ministerio de Justicia. Estará integrado por:
- Dirección General
- Subdirección General
- Dirección de Seguridad Penitenciaria
- Dirección de Diagnóstico, Tratamiento y Plan de Vida
- Dirección de Recursos Humanos y Bienestar Laboral
Su funcionamiento deberá garantizar el respeto a los derechos humanos y promover actividades vinculadas a la educación, el trabajo, la salud, el deporte, la cultura y todo lo necesario para que el cumplimiento de la pena tenga un propósito real.
Una de las innovaciones más destacadas es la incorporación del Plan de Vida, un esquema de objetivos y compromisos acordados entre el detenido y un equipo interdisciplinario. El propósito es acompañar el proceso de reinserción mediante capacitación laboral, estudios, asistencia sanitaria y fortalecimiento de lazos sociales.
El personal estará dividido en dos grandes grupos:
- Agentes de Seguridad Penitenciaria: fuerza civil armada encargada de la custodia, prevención y protección.
- Agentes de Reintegración Social: profesionales y técnicos dedicados al acompañamiento integral, salud mental, educación, vínculos familiares y seguimiento del Plan de Vida.
Ejecución de la pena y derechos de las víctimas
La nueva ley de Ejecución Penal permitirá a la Ciudad hacerse cargo por primera vez de esta competencia. Entre sus puntos centrales, establece que el condenado debe comprender la gravedad de su conducta, respetar la ley y avanzar hacia una correcta reintegración social.
Además, introduce disposiciones que otorgan a la víctima el derecho a exigir reparación al responsable del delito.
Transferencia de competencias y situación actual
La sanción llega mientras se negocia el convenio de traspaso entre el Gobierno porteño y Nación. El acuerdo incluiría:
- El envío de presos alojados en comisarías y alcaidías.
- El traspaso de infraestructura, como un pabellón en Ezeiza y el nuevo sector de la cárcel de Marcos Paz.
- El cierre definitivo del penal de Devoto.
- La transferencia de personal y fondos para garantizar el funcionamiento del sistema.
Según datos del GCBA, actualmente hay 2.432 personas detenidas en alcaidías porteñas:
- 414 imputados
- 1.628 procesados
- 390 condenados
La mayoría está detenida por delitos contra la propiedad.
El convenio final podría firmarse mediante decreto, sin pasar por el Congreso, amparándose en la Ley Cafiero (24.588), que no regula específicamente este tipo de transferencias.
Un paso más hacia la autonomía
Con estas normas aprobadas, el Gobierno porteño se acerca al objetivo de contar con un sistema penitenciario propio y plenamente operativo. La Ciudad continúa reclamando, además, el traspaso del Puerto de Buenos Aires, la Terminal de Retiro, el Registro de la Propiedad Inmueble y la IGJ, entre otras competencias pendientes.
