CABA dejó sin gastar un monto superior a 41 mil millones de pesos en Desarrollo Humano desde 2016

16 DE OCTUBRE 2023

El Instituto de Economía Política Argentina (IEPA) difundió un reciente estudio relacionado con los desembolsos del Gobierno Metropolitano de Buenos Aires (GMBa) en los periodos anteriores. En esta ocasión, el IEPA observó la gestión financiera de la Secretaría de Desarrollo Humano y Vivienda metropolitano, descubriendo que a partir de 2016 no se utilizaron más de 41 mil millones de pesos destinados a este sector. De acuerdo al estudio, iniciativas relacionadas con la seguridad alimentaria, apoyos económicos a individuos sin hogar y los servicios ligados a la Dirección General de Mujer estuvieron entre los más comprometidos.

Esta investigación se integra a la serie de revisiones que los expertos del Observatorio Metropolitano del IEPA han estado llevando a cabo, sector por sector, sobre la gestión financiera del GMBa desde 2016. Actualmente, la responsabilidad del área de Desarrollo Humano y Vivienda recae en Gabriel Mraida, quien asumió el cargo después de la partida de María Migliore tras las elecciones intermedias. La investigación realizada por Juan Pablo Costa y Carlos Vacarezza señala, en sus primeras líneas, que aunque se percibe «una cierta continuidad» financiera en los años estudiados, «se detectaron más de 41,000 millones de pesos sin gastar entre 2016 y 2022».

El desglose detallado del IEPA inicia con lo acontecido en 2022, año más reciente con datos completos. Tal como indican los expertos, en 2022 se registraron marcadas disminuciones en áreas como la Dirección General de Respuesta Inmediata Integral (DGRII), con una reducción del 28 por ciento en comparación con 2021, y en el esquema de ayudas habitacionales Soporte para Familias Desamparadas, experimentando un descenso anual del 37 por ciento.

La DGRII, según el documento, «está encargada de brindar ayuda las 24 horas a individuos y familias desamparadas, así como también a la red de Centros de Inclusión». En 2021, esta Dirección manejó un presupuesto de 14 mil millones de pesos, pero en 2022 este monto disminuyó a 10 mil millones. El Soporte para Familias Desamparadas, por otro lado, «ofrece transferencias económicas para cubrir gastos de alojamiento temporal en hoteles o pensiones para personas en situación de vulnerabilidad». «En 2022 se refleja un notable descenso en los fondos de este esquema, aproximadamente 3,400 millones de pesos ajustados a los precios de 2023», comentan Costa y Vacarezza.

Uno de los esquemas que más reducciones sufrió durante todo el periodo evaluado fue el de Respuesta a la Crisis Habitacional. Según el estudio, «hasta 2019 oscilaba entre 1,500 y 1,800 millones de pesos actuales», sin embargo, desde 2020, en plena crisis sanitaria, los fondos comenzaron a descender abruptamente. «En los años subsecuentes, 2021 y 2022, en lugar de mejorar, la situación se agravó con recortes que casi erradicaron este programa. En 2021 se evidencia una reducción de 1,000 millones de pesos, es decir, una disminución del 83 por ciento», argumentan los autores, indicando que entre 2016 y 2022 la reducción total alcanzó el 91 por ciento.

El IEPA también efectuó una comparación en relación al presupuesto destinado a hogares y albergues para personas sin techo, considerando dos programas esenciales: Atención Integral en Hogares Estatales y Atención Integral en Hogares ONG’s. Un punto crucial es que el primer programa experimentó «un marcado descenso en los fondos durante el año 2022, alrededor de mil millones de pesos». El programa de hogares ONG’s, en contraste, incrementó su presupuesto ese año en cerca de 600 millones de pesos. «Esta tendencia financiera parece indicar una estrategia de reducir la asistencia mediante hogares estatales, optando por externalizarla a través de ONG’s», finaliza el documento.

Respecto a los programas alimenticios, el IEPA identificó una «cierta continuidad» en el programa Ciudadanía Metropolitana, pero «recortes significativos» en los esquemas Protección Alimentaria y Ciudadanía Juvenil. En el primer esquema, se detectó una disminución del 85 por ciento desde 2016, equivalente a unos 760 millones de pesos. Ciudadanía Juvenil, por su parte, también se redujo en un 86 por ciento, «alrededor de 130 millones de pesos ajustados a los precios de 2023».

En la Dirección General de Mujer se notan reducciones significativas. El estudio subraya que en 2018 hubo un incremento notable en los fondos, superando los 1700 millones de pesos. Desde ese punto, no obstante, los números han ido en declive y «disminuyen cerca de 700 millones de pesos, lo que representa una reducción del 40 por ciento». Esta reducción afecta directamente a programas y políticas específicas en el sector, como la inversión en centros integrales para mujeres, que entre 2019 y 2022, decreció un 66 por ciento, «equivalente a cerca de 700 millones de pesos ajustados a los precios de 2023».

El Programa de Reforzamiento de Políticas de Equidad, encargado de impulsar iniciativas de equidad, formaciones y talleres principalmente en entornos laborales, registró una «notable disminución» de los fondos todos los años desde 2019. La reducción total desde ese año hasta 2022 es del 70 por ciento, «alrededor de más de 300 millones de pesos ajustados a los precios de 2023». Según el IEPA, el único esquema del sector que experimentó un aumento fue el de Unidades de Convivencia, responsable de los albergues y refugios, «que pasó de 125 a 373 millones de pesos durante el periodo evaluado».